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Recientemente, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), flexibilizó las sanciones que pesaban sobre el sector de telecomunicaciones de Venezuela, al otorgar una licencia que autoriza ciertas operaciones comerciales y técnicas con empresas del ramo. La medida, dada a conocer por el medio especializado DPL News, representa un cambio en la estrategia de presión económica que Washington ha mantenido sobre Caracas desde 2017, cuando se impusieron restricciones financieras y petroleras.
La decisión responde a un doble cálculo: por un lado, la necesidad de aliviar la crisis humanitaria que afecta a millones de venezolanos, agravada por la falta de conectividad y servicios básicos; por otro, un interés geopolítico de contrarrestar la influencia de actores como China y Rusia en la infraestructura digital del país. La licencia, que no equivale a un levantamiento total de las sanciones, permite a proveedores estadounidenses y a terceros países realizar transacciones para el mantenimiento, actualización y operación de redes de telefonía e internet, así como la venta de equipos y software. Sin embargo, excluye explícitamente a las empresas vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro, como la estatal CANTV, lo que limita su alcance práctico.
El contexto es crucial: Venezuela arrastra una década de deterioro en sus telecomunicaciones, con caídas constantes del servicio eléctrico que afectan la conectividad, y una migración masiva que ha reducido la demanda interna. La flexibilización llega en un momento en que el régimen de Maduro y la oposición han retomado diálogos, y en que la administración de Joe Biden busca equilibrar la presión política con gestos humanitarios. No obstante, analistas advierten que la medida podría ser insuficiente si no se acompaña de garantías para la inversión privada y de una mejora en el suministro eléctrico.
Para los venezolanos, esta flexibilización podría traducirse en un acceso más estable a internet y telefonía, esenciales para la educación, la salud y la actividad económica en un país donde el 90% de los hogares tiene conexión, pero con velocidades y calidad deficientes. El objetivo final de Washington parece ser doble: demostrar que la presión selectiva puede combinarse con alivios puntuales, y sentar las bases para una eventual normalización de relaciones que permita reconstruir el tejido digital del país, hoy en manos de operadores privados que dependen de la tecnología extranjera. La medida, aunque limitada, abre una rendija que el sector privado venezolano observa con cautela, consciente de que cualquier avance dependerá de la evolución política y de la voluntad de ambas partes de sostener el diálogo.
Fuente original: DPL News | Ver despacho