En los últimos días, representantes de excarcelados por razones políticas se reunieron con la misión de la ONU en Venezuela y entregaron un informe detallado que cuestiona los números gubernamentales sobre las liberaciones ocurridas bajo los acuerdos de reconciliación nacional. Los peticionarios advierten que, según sus propios cálculos, al menos 174 personas debieron haber salido de prisión entre los primeros meses del año, pero el Ejecutivo solo reconoce 232, y ellos aseguran que la cifra real ronda los 232, aunque con decenas de casos que no aparecen en los listados oficiales.
La desconfianza de los expresos se sustenta en el hecho de que los beneficios carcelarios, como las llamadas «medidas humanitarias» o la liberación por «criterios de excepción», se aplican de forma arbitraria y sin criterios uniformes. Muchos detenidos han sido obligados a firmar condiciones de confidencialidad, lo que impide corroborar su estatus legal y engendra una opacidad difícil de romper. La ONU, por su parte, ya ha comenzado a recoger información de organizaciones civiles de derechos humanos para contrastar las cifras, pero la logística resulta difícil: el acceso a expedientes judiciales y a los centros de reclusión exige una autorización expresa del Ministerio de Justicia, la cual aún no ha sido otorgada.
Esta solicitud ocurre mientras el proceso de distensión política enfrenta un punto crítico: los voceros de los excaros piden que la verificación no sea solo un acto de presencia, sino que acompañe jurídicamente cada excarcelación futura y que se establezcan mecanismos públicos de auditoría semestral. Consideran que sin un padrón confiable, el diálogo entre las partes perderá toda credibilidad y volverá a repetirse el ciclo de promesas incumplidas que ha marcado los acuerdos pasados.
El pedido tiene como objetivo central que la ONU emita un veredicto que de un cierre a la controversia numérica y sirva para restablecer la confianza en el sistema judicial venezolano. Si la verificación concluye que existen violaciones al principio de igualdad ante la ley, se abriría la puerta a medidas internacionales más contundentes contra el Estado, mientras que una resultado favorable podría oxigenar las negociaciones futuras. La sociedad venezolana espera que este ejercicio de transparencia no quede en papel firma, sino que represente el primer paso para sanar una herida que ha dividido al país desde hace más de una década.
Fuente original: CRÍTICA | Ver despacho