**CUERPO**
La administración de Nicolás Maduro ha venido acumulando, a lo largo de los últimos meses, ocho decretos de estado de emergencia que le permiten tomar decisiones económicas de manera directa, sin pasar por la Asamblea Nacional ni someterse a los mecanismos tradicionales de rendición de cuentas. Estas declaratorias, firmadas por el Ejecutivo y publicadas en Gaceta Oficial, han sido el principal instrumento para modificar asignaciones presupuestarias, reorientar divisas y reorganizar empresas públicas. El plazo de vigencia de estos instrumentos suele ser de 60 días, prorrogables, y en su uso consecutivo han creado un marco jurídico paralelo que de facto sustituye la Ley de Presupuesto y la fiscalización legislativa.
El origen de esta estrategia se remonta a la grave recesión económica, la hiperinflación y el colapso de los servicios públicos, que fueron utilizados como justificación para que la emergencia se convirtiera en una medida permanente. Si bien la Constitución permite la declaratoria de emergencias en situaciones excepcionales y bajo criterios de necesidad, los dos últimos gobiernos han recurrido a esta herramienta de forma sistemática para evitar los debates de control político y la aprobación de las leyes de presupuesto anuales. Esta práctica ha crecido con la expresa autorización del Tribunal Supremo de Justicia, afín al oficialismo, lo que ha consolidado un ciclo de excepción que se contrapone con la letra de la Carta Magna, que exige el cese de la emergencia una vez que cesen sus causas.
La acumulación de decretos no solo ha suprimido los mecanismos de balance, sino que también ha modificado el funcionamiento del Banco Central de Venezuela y las instituciones financieras, entregando al Ministerio de Economía y Finanzas el poder para redireccionar los recursos de la nación sin previa auditoría externa. Este modelo de gestión, sostenido en la arbitrariedad administrativa, ha demostrado ser un obstáculo para la recomposición del sector productivo nacional, que aún espera reglas de juego claras y estables para retomar la inversión y la confianza en el marco de un Estado de derecho. Para la sociedad civil y los analistas, este mecanismo abre un interrogante sobre el verdadero propósito de una política que privilegia la concentración del poder económico sobre la tan anunciada recuperación que, hasta ahora, no se ha materializado en el bolsillo del ciudadano común.
Fuente original: Infobae | Ver despacho