En una declaración reciente, Diosdado Cabello, alto dirigente del chavismo y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), negó categóricamente que la liberación de los llamados “presos políticos” sea un asunto en discusión dentro de la mesa de diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria. El anuncio se produjo durante una jornada de carácter público, sin precisar la sede exacta, pero en el contexto de los contactos que ambas partes mantienen para abordar temas pendientes de la agenda política. La declaración contradice directamente las expectativas que había sembrado el propio Ejecutivo, que en ocasiones anteriores habría insinuado un análisis sobre la situación judicial de ciertos dirigentes opositores.
Según Cabello, tal tema no ha sido incorporado siquiera al temario de las conversaciones que se desarrollan en espacios no revelados, y calificó de “pretensiones de la derecha” la exigencia de excarcelar a figuras como Leopoldo López o Antonio Ledezma, entre otros. El funcionario argumentó que el sistema judicial venezolano actúa de manera independiente y que no corresponde al ámbito de la negociación política revisar fallos judiciales que, a su juicio, obedecen a delitos comunes o de corrupción, y no a actos de disidencia. Además, reforzó la tesis gubernamental de que la nación no tiene “presos políticos” sino personas privadas de libertad por hechos tipificados en la ley, lo cual sustenta la postura del gobierno ante las críticas internacionales de organizaciones como Human Rights Watch o la ONU.
Históricamente, las mesas de diálogo impulsadas entre 2019 y 2022 (en Barbados, México y eventualmente en Venezuela) tuvieron entre sus ejes el tema de los “estamentos” como petición central de la delegación opositora, aunque las asas se rupturaron varias veces por ausencia de avances concretos. La recente declaración del también vicepresidente de movilizaciones del partido de gobierno supone un giro con relación a lo que algunos analistas vieron como un espacio de posibilidades tras las reinversiones en el contexto de las acuerdos parciales. En los últimos días, la comunidad internacional, especialmente los países garantistas de Noruega y la Unión Europea, había expresado la expectativa de que el tema fuera tratado en la próxima ronda de conversaciones, que aún no tienen fecha confirmada.
Para el análisis del proceso de diálogo, la negativa de Cabello implica un endurecimiento de la postura oficialista y un bloqueo de facto a una de las demandas más sensibles para la plataforma opositora, que en las últimas semanas había insinuado cierto optimismo ante gestos del Ejecutivo. El objetivo de sus declaraciones parece buscar el reforzamiento de la línea dura dentro del chavismo, así como calibrar las expectativas del proceso de negociación antes de que la delegación opositora regrese a la tabla, cuyas posibilidades de firmar un acuerdo que incluya garantías electorales para el próximo ciclo de comicios se reducen ante este rechazo. Para los venezolanos, este hecho revela que los acuerdos sobre derechos humanos y reconfiguración del sistema carcelario siguen siendo un punto de fricción intransigente, y proyecta un futuro escenario donde la vía del diálogo no dará resultados de forma espontánea sin presiones previas y efectivas desde la comunidad democrática internacional.
Fuente original: Infobae | Ver despacho