SÁBADO DE OPINIÓN

José Gregorio Colina

Columna de opinión

Durante años, Venezuela ha vivido una historia de deterioro, dolor y resistencia. Antes del 3 de enero de 2026, millones de venezolanos enfrentaron la pérdida del poder adquisitivo, servicios públicos deteriorados, instituciones debilitadas, migración y una profunda fractura política. Pero incluso en los momentos más difíciles, el país no dejó de resistir. Porque un país puede ser herido, pero mientras su pueblo conserve la voluntad, no está derrotado.

La elección de 2024 dejó, además, una deuda profunda de legitimidad. La disputa sobre sus resultados puso de manifiesto una exigencia que sigue siendo central: recuperar la voluntad popular y reconstruir la credibilidad de las instituciones. El futuro de Venezuela no puede decidirse si no reconocemos las luchas libradas de los venezolanos. La democracia no puede ser solamente una palabra; tiene que volver a ser una realidad en la que cada ciudadano pueda confiar.

El 3 de enero de 2026 cambió radicalmente el tablero. La captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense abrió una nueva etapa, rodeada de interrogantes sobre soberanía, derecho internacional y las consecuencias políticas de una ruptura tan abrupta. Pero también dejó una verdad fundamental: sacar a una figura del poder no equivale automáticamente a construir democracia. El cambio de una era no termina cuando cae un hombre; comienza cuando nace una nación capaz de gobernarse a sí misma.

Después del 3 de enero, la transición no fue automática ni sencilla. Delcy Rodríguez asumió el liderazgo interino en medio de enormes tensiones y se abrió un complejo proceso de conversación política. Ese momento exige algo más profundo que un simple cambio de nombres. Venezuela necesita instituciones, reglas claras, garantías y participación amplia. No queremos cambiar al dueño del poder; queremos devolverle el poder al ciudadano.

Por eso, la primera tarea de esta nueva etapa debe ser reconstruir el Estado. Electricidad, agua, salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura no pueden esperar. Reconstruir Venezuela no significa solamente recuperar cifras económicas: significa recuperar la vida cotidiana de millones de personas. Significa que una familia pueda encender la luz, abrir un grifo, enviar a sus hijos a la escuela, acudir a un hospital y vivir sin miedo. Reconstruir Venezuela será encender una luz en cada hogar y devolver dignidad a cada ciudadano.

También debemos mirar de frente la enorme oportunidad que representan el petróleo y el gas venezolanos. El interés internacional puede convertirse en inversión, empleo, infraestructura y crecimiento, pero solamente si los recursos naturales dejan de ser instrumentos de poder y pasan a ser instrumentos de desarrollo. El petróleo no debe volver a ser el dueño de Venezuela; debe convertirse en servidor de los venezolanos. Y esa riqueza debe administrarse con transparencia, reglas estables y una visión que permita diversificar la economía para que el futuro del país no dependa exclusivamente de un recurso.

La esperanza que nace en 2026 debe ser una esperanza prudente, no ingenua. Existen oportunidades reales, pero también riesgos reales. Las conversaciones pueden abrir caminos hacia reformas institucionales y elecciones creíbles, pero ninguna transición será sostenible si deja fuera a sectores importantes de la sociedad o si sustituye una imposición por otra. La esperanza no consiste en creer que todo está resuelto; consiste en saber que podemos resolverlo.

Y precisamente por eso, 2026 debe ser el año de la reconstrucción, no el año de la revancha. Venezuela necesitará justicia, rendición de cuentas y garantías para quienes hayan sido víctimas de abusos, pero también necesitará reconciliación nacional. Justicia no significa venganza. Significa verdad, responsabilidad y debido proceso. La grandeza de una nación no está en vengarse de su pasado, sino en impedir que vuelva a repetirse.

El verdadero desafío será demostrar que Venezuela puede romper definitivamente el ciclo de crisis, personalismo y concentración del poder. El país necesita instituciones legítimas, independencia judicial, seguridad jurídica, elecciones confiables y un Estado capaz de cumplir sus funciones. Necesita inversión y empleo, pero también educación, emprendimiento, producción nacional y oportunidades para que quienes se fueron puedan regresar si así lo desean y quienes permanecieron puedan volver a construir sus vidas.

Por eso, 2027 debe tener una meta concreta: que Venezuela deje de vivir de promesas y comience a medir su transformación por resultados. No basta con que el país mejore; debe avanzar hacia una democracia legítima, una economía productiva y diversificada, instituciones confiables, servicios públicos funcionales y oportunidades reales para todos. 2027 no debe ser el año de la promesa; debe comenzar a ser el año de los resultados.

El destino final de Venezuela no puede ser simplemente sobrevivir una crisis más. Tiene que ser volver a construir.

Y esa construcción no puede depender de un salvador, de un partido ni de una potencia extranjera. Depende de ciudadanos capaces de participar, de instituciones capaces de funcionar y de una sociedad capaz de ponerse de acuerdo sobre lo esencial: democracia, trabajo, educación, producción, justicia y dignidad.
Antes del 3 de enero, resistimos.
El 3 de enero el tablero cambió,
después del 3 de enero, comenzó una transición, pero esa transición todavía debe convertirse en democracia.
Hoy tenemos oportunidades reales y riesgos reales. 2027 debe encontrarnos con una meta clara: democracia, reconstrucción y prosperidad sostenible, Porque Venezuela no necesita que alguien venga a salvarla. Necesita que los venezolanos vuelvan a creer que juntos pueden levantarla,el pasado nos explica,el presente nos exige, el futuro nos convoca.

No estamos esperando que Venezuela cambie; estamos construyendo las condiciones para que Venezuela pueda cambiar para siempre.